Reclamación de la Deuda a los Administradores de las Mercantiles

 En Legal, Mercantil

Para el año 2024, los expertos en la materia, auguran un aumento de los concursos de acreedores de más de un 10%, con las consecuencias económicas que conlleva ello para los proveedores y acreedores.

En multitud de ocasiones, los Administradores de las empresas que están abocadas a instar el concurso de acreedores, tratan de ganar el máximo de tiempo posible a los efectos de dilatar la entrada en concurso, dado que, según los últimos estudios, más del 90% de las empresas que lo solicitan acaban en liquidación.

 

Entre las actuaciones realizadas por estos Administradores, se encuentra la de impagar a los proveedores de mercadería y de existencias, a pesar de que las futuras empresas concursadas sigan comprando estos materiales tan necesarios para seguir con su actividad profesional.

Para ello, son diversos los argumentos utilizados por las empresas que entrarán en concurso, tales como:

“Estamos a la espera de recibir un ingreso en pocos días y con ello se procederá al pago de la deuda”,

“La empresa es solvente y va bien, esto es un pequeño bache”

“He tenido que atender otras facturas, te pago más adelante”, entre otras muchas.

 

Los argumentos citados, van buscando infundir en el proveedor la idea de que, en pocos días, verá satisfecha las facturas devengadas y que las empresas a las que suministran no se encuentran en una situación de concurso. Nada más lejos de la realidad, dado que, en muchas ocasiones, lo que tratan es de seguir con su actividad profesional a sabiendas de que la empresa va a ir a concurso y no van a proceder al pago de las facturas de los proveedores.

Una vez abierto el concurso, los proveedores, en la mayoría de los casos, no obtendrán el importe derivado de la entrega de las mercancías o de los servicios prestados a la concursada, viendo como esta expectativa de cobro se disuelve completamente.

No obstante, el proveedor que se haya visto en esta situación podrá solicitar que dichos Administradores respondan de la deuda, mediante el ejercicio de una acción individual de responsabilidad contra el Administrador, siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos:

 

i) Comportamiento activo o pasivo de los Administradores.

ii) Que tal comportamiento sea imputable al Órgano de Administración.

iii) Que la conducta de los Administradores sea antijurídica.

iv) Que dicha conducta sea susceptible de producir daños.

v) Que exista una relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño.

 

Así lo viene reiterando de forma pacífica el Tribunal Supremo. Un ejemplo de ello es en la Sentencia nº150/2017, de 2 de marzo, Fundamento de Derecho Tercero.

Un caso muy significativo es resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo nº472/2016, de 13 de julio, donde se estima la acción individual de responsabilidad contra el Administrador de una mercantil por el cierre de hecho de la sociedad, sin una ordenada liquidación, lo que supuso que el acreedor no hubiera cobrado.

 

No obstante, el caso en el que se ha centrado el presente artículo es el recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo nº297/2010, de 25 de mayo, donde el Alto Tribunal confirmó la condena solidaria a los Administradores de la deuda contraída por la mercantil con su proveedor a sabiendas de que no iba a pagar las facturas dada la situación económica en la que se encontraba la empresa.

Por lo tanto, en el caso en que una empresa se encuentre en causa de disolución y continúe adquiriendo mercancía de los proveedores con el fin de continuar su actividad, pero con completo conocimiento de que no va a pagar dicha deuda por el estado en el que se encuentra la empresa, los Administradores de la misma tendrán que responder solidariamente de dichas deudas contraídas.

 

Alberto Fernández

Dpto. Procesal MTA Legal

 

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